Examinando {{ collection }} por Autor "Orellana Villalobos, Juan Carlos"

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Efectividad en la ejecución de las medidas judiciales garantes del principio de protección integral de la niñez y adolescencia, en el departamento de Santa Ana durante el año 2013
(UNICAES editores, 2014-03-01) Orellana Villalobos, Juan Carlos
El 27 de abril de 1990 se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestro país, a fin de cumplir con las disposiciones legales contenidas en la misma. Como consecuencia, se inició un proceso de modernización y reforma legislativa acorde y en armonía con la Constitución y la normativa internacional en materia de derechos humanos; especialmente en el área de la familia y la infancia. Producto de este proceso entra en vigencia la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), cuya finalidad primordial es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos contenidos en ella. Asimismo facilitar el cumplimiento de los deberes de todo niño y adolescente en El Salvador. Esta investigación indagó cómo las medidas judiciales de protección plasmadas en la LEPINA se aplican efectivamente a proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, resguardando en todo momento su interés como sujetos de derecho. En virtud que estas medidas implican la separación de los sujetos de derecho de su entorno familiar o comunitario, y de cómo esto puede generar problemas serios en su desarrollo integral. Por tanto, es indispensable que los operadores de justicia, comprendan y se comprometan con el cumplimiento de los principios que sustenta la referida ley con la finalidad de garantizarle a los menores el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos.
La política implementada por el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia para la protección integral de los derechos de los menores bajo acogimiento institucional, en el departamento de Santa Ana, año 2014
(UNICAES editores, 2015-03-01) Orellana Villalobos, Juan Carlos
El Salvador, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso de adoptar aquellas medidas legislativas y políticas necesarias para dar efectividad a los derechos de los niños y adolescentes. Esto con el fin de garantizar la protección integral de los mismos, en armonía con lo establecido por el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que literalmente reza: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Es así que en cumplimiento de tales obligaciones surge a la vida jurídica la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), instrumento por el cual se crea el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia que se rige bajo los principios de legalidad, participación democrática, eficacia y eficiencia. Esta investigación indagó y analizó el estado actual del funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral e implementación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Ambos son el eje conductor de las políticas públicas que se desarrollan y ejecutan en Santa Ana por los órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que integran el Sistema de Protección Integral. Políticas públicas cuyo objetivo es garantizar y facilitar el ejercicio íntegro de los derechos humanos de los niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran bajo acogimiento institucional por orden judicial o administrativa. Dichos entes o instituciones deben actuar bajo cualquier circunstancia en concordancia con el interés superior de estos niños y adolescentes como sujetos activos de derecho. Se trata de describir y evaluar las brechas que pueden existir entre el mandato legislativo contenido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y el funcionamiento real del Sistema de Protección Integral, basándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores claves partícipes del Sistema.
Mecanismos de integración laboral de las personas con discapacidad en el departamento de Santa Ana
(UNICAES editores, 2017-02-27) Orellana Villalobos, Juan Carlos
En la realidad salvadoreña, las personas con discapacidad se enfrentan a situaciones de discriminación o vulnerabilidad, provocándose constantes violaciones a sus derechos, como es el caso específico del derecho al trabajo, el cual implica la oportunidad de acceder a un empleo digno y remunerado. El derecho al trabajo, como parte de los derechos sociales, se encuentra normado a partir del Art. 37 de la Constitución, que en su inciso segundo establece la obligación del Estado de promover el trabajo y empleo de las personas con limitaciones físicas, mentales o sociales. El estricto cumplimiento de esta norma constitucional puede asegurar a las personas con discapacidad un empleo donde se les tome en cuenta sus capacidades y aptitudes, con el objeto de mejorar su calidad de vida. La investigación se desarrolló en el departamento de Santa Ana, fundamentándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los diversos actores involucrados, tales como: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Oficina Regional de Occidente, Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, entre otros. La finalidad primordial fue determinar la existencia de mecanismos de integración laboral de las personas con discapacidad, y describir su forma de implementación. Se evidenció que las instituciones del sector público y privado, a través de diversos mecanismos coordinados de apoyo y colaboración recíproca, realizan esfuerzos tendientes a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad; y aunque no son exhaustivos, en cierto grado garantizan el acceso a un empleo digno y acorde a la capacidad de estos trabajadores; existen medidas que propician y fortalecen, sobre bases equitativas y justas, el desarrollo de este sector vulnerable de población.
Mecanismos de protección contra la violencia laboral en la mujer trabajadora asalariada del sector público y privado en el departamento de Santa Ana, año 2015
(UNICAES editores, 2016-01-25) Orellana Villalobos, Juan Carlos; Orellana Villalobos, Karina Beatriz
La violencia laboral en El Salvador es un hecho real que incide de forma negativa y grave en las condiciones personales, familiares, sociales y económicas de los trabajadores; especialmente cuando es dirigida hacia la mujer trabajadora asalariada, independientemente de la clase social, nivel académico, ámbito laboral u otros a los que pertenezca. Ante tal fenómeno, es indispensable que las instituciones gubernamentales garantes de los derechos laborales incrementen y mejoren su papel fiscalizador, de forma tal que los mecanismos legales existentes sean viables y efectivos para prevenir, proteger o erradicar cualquier tipo de situación que vulnere los derechos laborales; y que por ello se vean afectadas las trabajadoras en su dignidad como personas sujetos de derechos. En ese sentido, la investigación se desarrolló en el departamento de Santa Ana, fundamentándose en información documental disponible, entrevistas y encuestas realizadas a los actores involucrados, teniendo como finalidad primordial determinar la existencia y descripción de mecanismos de protección contra la violencia laboral en la mujer; tema de gran importancia para el desarrollo integral de la mujer salvadoreña y de la sociedad en general en la búsqueda de la igualdad y justicia social. Se evidenció que efectivamente la mujer trabajadora, indistintamente del sector laboral (público o privado), es víctima de violencia laboral; agravándose ello con la falta de denuncias de tal hecho ante las instituciones, a pesar de conocerse los mecanismos legales a los cuales recurrir en casos de vulneración de derechos laborales.
Mecanismos que garantizan la inscripción temprana del recién nacido en el Registro del Estado Familiar como forma de tutelar su derecho a la identidad en la ciudad de Santa Ana
(UNICAES editores, 2020-01-31) Orellana Villalobos, Juan Carlos; Orellana Villalobos, Karina Beatriz
El nacimiento de una persona conlleva una serie de obligaciones, siendo la primera de ellas su inscripción en el Registro del Estado Familiar correspondiente a su lugar de nacimiento, o en el lugar donde los padres tengan su domicilio. Esto constituye un derecho de todos los individuos, ya que con esto al recién nacido se le reconoce personalidad jurídica. Al no inscribírsele, se le considera como no sujeto de derecho. Esta situación impide al niño el acceso a todos los demás derechos humanos fundamentales. La investigación desarrollada en el departamento de Santa Ana se fundamentó en información documental disponible y en entrevistas realizadas a los actores involucrados en la temática, a fin de ejecutar un análisis sobre la efectividad de los mecanismos que garantizan la inscripción temprana de los recién nacidos en el Registro del Estado Familiar. Esta problemática es trascendental, debido a que el derecho a la identidad e identificación es fundamental para la persona. En ese sentido, el Estado es el primero que debe garantizar que las personas recién nacidas sean identificadas oportunamente, mediante la aplicación de procedimientos ágiles y sencillos. Es esta entidad la que debe implementar y fortalecer vínculos, entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en el proceso; así como crear mecanismos idóneos que lo permitan. Se pudo constatar que los procesos administrativos actuales, desarrollados por algunas instituciones públicas de salud, no son los suficientemente efectivos en el cumplimiento de este propósito. Es necesario crear o mejorar los ya existentes; además de contar con un procedimiento idóneo y completo de inscripción temprana del recién nacido.
Mecanismos que garantizan y protegen el derecho a una vivienda familiar en el departamento de Santa Ana
(UNICAES editores, 2019-02-15) Orellana Villalobos, Juan Carlos; Orellana Villalobos, Karina Beatriz
El Estado salvadoreño, como ente garante y proteccionista de los derechos fundamentales de las personas, debe procurar que la familia salvadoreña posea una vivienda que reúna las condiciones mínimas y necesarias para el desarrollo personal de los miembros que la integran, mediante la creación e implementación de políticas públicas encaminadas para tal efecto. Sin embargo, las instituciones u organismos involucrados en el tema de la vivienda no han podido solventar o reducir la problemática habitacional para aquellas familias que puedan resultar beneficiadas, debido a que algunos de sus programas exigen requisitos mínimos por cumplir como, por ejemplo, percibir un ingreso monetario fijo. En El Salvador existe un elevado porcentaje de la población que no posee una vivienda digna en donde su familia pueda desarrollarse productivamente; especialmente aquellos sectores social y económicamente más vulnerables, cuyos ingresos son variables. En ese contexto, la investigación se fundamentó en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores involucrados y tuvo la finalidad de analizar los mecanismos que garantizan y protegen el derecho a una vivienda familiar. Se evidenció que existe un déficit habitacional para aquellos sectores vulnerables; además, los mecanismos con que se cuentan no son suficientes para velar y hacer cumplir el derecho a la vivienda, debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales imperantes. Es necesario que las diferentes instituciones públicas y privadas trabajen de forma coordinada bajo el principio de corresponsabilidad y elaboren políticas efectivas que logren suplir este derecho universal.
Procedimientos legales garantes del derecho a la identidad del adulto mayor en el departamento de Santa Ana
(UNICAES editores, 2018-02-16) Orellana Villalobos, Juan Carlos; Orellana Villalobos, Karina Beatriz
Actualmente, existe un porcentaje elevado de población adulta mayor que carece de asiento de partida de nacimiento y, por ende, de documento único de identidad, impidiendo o haciendo nugatoria su participación activa en la vida socioeconómica de nuestro país. El registro del nacimiento de una persona es la base para que esta acceda a todos los demás derechos; en consecuencia, garantizar el derecho a la identidad personal de los adultos mayores es una obligación ineludible del Estado, quien debe crear y normar procedimientos legales sencillos y expeditos con la finalidad de cumplir con este objetivo. En este sentido, la investigación se fundamentó en información documental disponible, entrevistas realizadas a los actores involucrados, con la principal finalidad de realizar un análisis de la efectividad de los procedimientos administrativos y judiciales que garantizan y protegen el derecho a la identidad personal de los adultos mayores. Se evidenció que, por regla general, sí existe efectividad en la aplicación de tales procedimientos legales; sin embargo, en lo que respecta a materia probatoria indispensable para la implementación de dichos procedimientos a favor de personas mayores a los setenta y cinco años de edad o que se encuentran ingresados en asilos, existe mayor dificultad en la obtención de prueba directa e idónea. No obstante, tal situación puede solventarse con la incorporación y complementariedad de prueba de referencia permitiendo que estos mecanismos sean menos rígidos y rigurosos al momento de la valoración de la prueba, todo ello con el objeto de evitar vulnerar el derecho a la identidad de los adultos mayores.