Anuario de Investigación 2015

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Aplicación de medidas preventivas y de protección orientada a la disminución y erradicación de casos de abuso del derecho de corrección de los padres sobre los niños y adolescentes
(UNICAES editores, 2015-03-01) Orellana Villalobos, Karina Beatriz
El castigo corporal en el niño puede ser definido como “el uso de la fuerza física con la intención de causar al niño dolor pero no lesión y con el objetivo último de corregir o controlar su comportamiento” 1 . Al respecto, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) establece en su artículo 38 la “Protección frente al maltrato” y en su inciso final preceptúa: “las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respeto a su persona e individualidad y no pueden ser sometidos a castigos corporales, psicológicos o a cualquier otro trato ofensivo que atente contra su dignidad, sin perjuicio del derecho de la madre y padre de dirigirlos, orientarlos y corregirlos moderada y adecuadamente”. Esta investigación verificó como las medidas preventivas y de protección orientadas a la disminución de casos de abuso del derecho de corrección de los padres sobre los niños y adolescentes se aplican efectivamente. Para ello, se realizaron entrevistas a Jueces, Secretarios, Colaboradores y miembros del equipo multidisciplinario de los Juzgados Especializados para la Protección de la Niñez y Adolescencia de Santa Ana e Instituciones que tutelan los derechos de la mujer y del niño, tal como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y personal de los diferentes hogares de resguardo; y cuyos resultados reflejaron que la aplicación de dichas medidas cumplen con la finalidad de garantizar y restituir los derechos que han sido violados por la familia, y que su eficacia depende del apoyo del Estado, de las Instituciones que velan por la protección de la niñez, de los padres y de los mecanismos y acciones para educar y orientar a los hijos para que de esta forma se pueda prevenir y disminuir este tipo de violencia.
La política implementada por el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia para la protección integral de los derechos de los menores bajo acogimiento institucional, en el departamento de Santa Ana, año 2014
(UNICAES editores, 2015-03-01) Orellana Villalobos, Juan Carlos
El Salvador, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso de adoptar aquellas medidas legislativas y políticas necesarias para dar efectividad a los derechos de los niños y adolescentes. Esto con el fin de garantizar la protección integral de los mismos, en armonía con lo establecido por el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que literalmente reza: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Es así que en cumplimiento de tales obligaciones surge a la vida jurídica la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), instrumento por el cual se crea el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia que se rige bajo los principios de legalidad, participación democrática, eficacia y eficiencia. Esta investigación indagó y analizó el estado actual del funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral e implementación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Ambos son el eje conductor de las políticas públicas que se desarrollan y ejecutan en Santa Ana por los órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que integran el Sistema de Protección Integral. Políticas públicas cuyo objetivo es garantizar y facilitar el ejercicio íntegro de los derechos humanos de los niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran bajo acogimiento institucional por orden judicial o administrativa. Dichos entes o instituciones deben actuar bajo cualquier circunstancia en concordancia con el interés superior de estos niños y adolescentes como sujetos activos de derecho. Se trata de describir y evaluar las brechas que pueden existir entre el mandato legislativo contenido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y el funcionamiento real del Sistema de Protección Integral, basándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores claves partícipes del Sistema.