Mecanismos que garantizan y protegen el derecho a una vivienda familiar en el departamento de Santa Ana

Abstract

El Estado salvadoreño, como ente garante y proteccionista de los derechos fundamentales de las personas, debe procurar que la familia salvadoreña posea una vivienda que reúna las condiciones mínimas y necesarias para el desarrollo personal de los miembros que la integran, mediante la creación e implementación de políticas públicas encaminadas para tal efecto. Sin embargo, las instituciones u organismos involucrados en el tema de la vivienda no han podido solventar o reducir la problemática habitacional para aquellas familias que puedan resultar beneficiadas, debido a que algunos de sus programas exigen requisitos mínimos por cumplir como, por ejemplo, percibir un ingreso monetario fijo. En El Salvador existe un elevado porcentaje de la población que no posee una vivienda digna en donde su familia pueda desarrollarse productivamente; especialmente aquellos sectores social y económicamente más vulnerables, cuyos ingresos son variables. En ese contexto, la investigación se fundamentó en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores involucrados y tuvo la finalidad de analizar los mecanismos que garantizan y protegen el derecho a una vivienda familiar. Se evidenció que existe un déficit habitacional para aquellos sectores vulnerables; además, los mecanismos con que se cuentan no son suficientes para velar y hacer cumplir el derecho a la vivienda, debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales imperantes. Es necesario que las diferentes instituciones públicas y privadas trabajen de forma coordinada bajo el principio de corresponsabilidad y elaboren políticas efectivas que logren suplir este derecho universal.